La crisis desborda: un poco de vergüenza, por favor

Estamos ante una crisis profunda —política, institucional y, sobre todo, económica—, pero no hay semana sin escándalos, asesinatos a mansalva, corrupción al más alto nivel y, en el exterior, un país rendido y genuflexo.

El famoso y luctuoso «octubre negro», con el cual los sectores sociales opositores amenazan al gobierno, ha cambiado de signo. El gobierno los madrugó, movió ficha primero y a lo grande. Aprovechó la decisión soberana del gobierno norteamericano de retirar visas al fiscal general, a tres fiscales, al expresidente de la Aduana Nacional, a un exministro del gobierno anterior y a otras siete personas. Fue el pistoletazo para que el gobierno se lance contra el Ministerio Público, sin distinguir la institución de las personas, en un verdadero golpe y quiebre institucional.

Sin orden de aprehensión ni flagrancia (en pleno acto delictivo o huyendo del lugar de los hechos), las dos únicas condiciones que permiten detener legalmente a una persona, la policía arrestó —para lo único que la policía está facultada— al fiscal general y a otros fiscales. Los arrestos fueron ilegales, arbitrarios y vulneran las exigencias del debido proceso, que es el principio constitucional que protege el derecho fundamental del individuo a la libertad personal. El agravio institucional llegó al extremo de que la policía intervenga oficinas departamentales del Ministerio Público.

El video de Marset

Luego de los hechos consumados, el aparato comunicacional del gobierno —canales, periódicos y radios en planilla— difundió un video grabado al narcotraficante Sebastián Marset la madrugada de su detención (13 de marzo pasado). En el video, Marset, cómodo en la sala VIP de Viru Viru, conversa distendidamente con alguno de sus captores y comenta del «amigo» Mariaca y de cómo pagó por su estadía legal en Bolivia —tenía una visa laboral de 2021— medio millón de dólares que, supuestamente, un capitán de policía negoció con Mariaca y el entonces ministro Del Castillo.

Por otro canal, circuló la grabación de una juez que visitó a Marset en su domicilio la noche que sería aprehendido. Para rematar, en la madrugada del día siguiente a los arrestos, una ambulancia que sale del condominio donde vive Mariaca es interceptada y en la requisa se encuentran más de 3,5 millones de bolivianos y 10 mil dólares. En el cierre, el edecán del fiscal entrega un maletín con miles de bolivianos.

En general, no es difícil creer la información reportada, aunque, por supuesto, tratándose de temas tan sensibles, se debe cuidar las dudas razonables, estar atentos a la manipulación de la información y que, en cualquier caso, solo son válidos los hechos comprobados en un proceso judicial y castigados en una sentencia ejecutoriada.

Una historia de décadas

La corrupción política vinculada al narcotráfico es de décadas: basta acordarse del septenio de Banzer o del golpe militar de García Meza. En democracia, el caso Huanchaca con asesinatos que llegaron hasta la muerte del diputado que lideraba la investigación (1986); los narcovínculos del gobierno de Paz Zamora que terminaron con Eid Franco en la cárcel y Jaime Paz sin visa norteamericana (1994); el avión con 4 toneladas de cocaína que salió de La Paz y fue atrapado en Lima, durante el gobierno de Sánchez de Lozada (1995); una fiscal a la que explotaron su vehículo para asesinarla en Santa Cruz, en el gobierno de Mesa (2004), etc.

Con este recuento básico es posible entender que lo que nos digan de la relación entre gobierno, jueces, fiscales y narcotráfico no es difícil de creer. Sin embargo, la difusión masiva de la información del operativo «Ministerio Público» buscó crear un ambiente que justifique y deje en segundo plano el ilegal accionar del gobierno en los arrestos. El capítulo de los hechos se cierra con la Resolución de la Asamblea Legislativa Plurinacional de este viernes, que instruye modificar la Ley 260 (Ley Orgánica del Ministerio Público) para modificar su art. 25 y dar lugar a una destitución del —hasta ahora— fiscal general.

Las interpretaciones

Ahora las interpretaciones. Lo más evidente: un golpe institucional de esta magnitud y de tan alto riesgo solo se explica por la gravedad de los hechos de corrupción en juego a un lado y al otro; vale decir, los del gobierno y los del Ministerio Público. La disputa es quién procesa los hechos y, en consecuencia, a quién se castiga y a quién se protege. El que pierde muere.

Por la severidad del ataque al Ministerio Público sabemos lo que el gobierno echa en cara al fiscal general y que es lo que motivó el retiro de la visa norteamericana. La DEA ya sabía de esta historia a partir de la extradición del cnel. Dávila hace dos años y cerró la información con Marset. Lo que no sabemos es qué tenía preparado el fiscal Mariaca para motivar el ataque. ¿Las famosas maletas? ¿El narcomaderas? ¿Los lingotes de oro? ¿Cerimedo? Hay tantos casos de corrupción que el fiscal general podía haber dado un ataque igual de fulminante.

El cálculo del gobierno

La otra cuestión es el cálculo político y jurídico del gobierno para encarar la crisis mayúscula. Descartemos el apoyo norteamericano porque para eso el gobierno cumplió —superabundantemente— con las actuaciones de sometimiento, empezando de adherir al «Escudo de las Américas» y, en especial, la reanudación de las relaciones diplomáticas con Israel. Fuera de esto, todo está complicado para el gobierno y hay que dudar de su consistencia.

Para empezar, ¿cómo se hará el proceso penal —en particular— contra Mariaca si las pruebas sobre la supuesta vinculación al narcotráfico las tiene el gobierno norteamericano y conseguirlas requiere un trámite diplomático y judicial? Mientras las pruebas lleguen, ¿cómo se evita el privilegio constitucional que le otorga la Ley de Responsabilidades de Altos Dignatarios del Estado (044) y que tiene un procedimiento que involucra a la Asamblea Legislativa (proposición acusatoria) y sigue con el Tribunal Supremo de Justicia (sustanciación del proceso)?

La idea que se les ocurrió cuando vieron el estropicio provocado fue modificar la Ley 260 para dejar a un lado del cargo al fiscal, designando un sustituto. Esto choca con un elemental principio jurídico que establece la Constitución Política, art. 123: «La ley solo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo». En fin, por este lado, cuesta arriba.

Un enfrentamiento de alto riesgo

En lo político, la estrategia de poner a los ministros a repetir el sambenito de que el que no está con ellos está con el narcoterrorismo no alcanza. Plantear la disyuntiva exige tener una autoridad moral que no la tienen y, segundo, habría que preparar a los ministros para pronunciarse con coherencia. Hacer del modesto vocero una especie de superfiscal y hasta de juez, amenazando en perseguir, procesar, declarar usurpación de funciones, sanciones, etc., es perder el poco respeto que queda.

El gobierno tomó la decisión de ir al enfrentamiento para derrotar al bloque social que entiende opositor. Para ello decide prescindir de la democracia y pisar al Estado constitucional de derecho. Es una decisión política del más alto nivel y gravedad.

La democracia está en riesgo porque, cuando el enfrentamiento político se plantea en esos términos, es obvio que la respuesta será equivalente.

Solo queda pedir que dejen de avergonzarnos. Gracias.

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